DERECHOS HUMANOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE

Graciela Vargas Brambila

   DERECHOS HUMANOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE  

El estancamiento y la inseguridad económica agudizaron los problemas sociales en todo el mundo, creando situaciones degradantes y de extrema pobreza que no garantizan el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a una vivienda digna de uno de los grupos más vulnerables: el de los niños y adolescentes.

Como consecuencia surgen una serie de violaciones a los derechos humanos, que se traducen en distintas formas de violencia, convirtiendo a niños y jóvenes en mercancías, como en el caso de la venta y trata de niños, niños de la calle, prostitución infantil, pornografía, explotación laboral, mendicidad organizada y otro tipo de situaciones violatorias de varios de los artículos (art. 6.1; art. 7; art. 23; art.21.1; art. 26).

Dentro de esto, debemos destacar la ausencia de un Estado que no asume su indelegable rol tutelar y no concurre al amparo de niños y adolescentes que padecen hambre, desnutrición, abandono, abuso de autoridad, legislación inadecuada y justicia ineficiente e ineficaz.

En el caso de los niñ@s  de la calle; muchos de ellos salen a trabajar  por necesidades económicas y lo hacen como vendedores ambulantes, limpia parabrisas, etc, participando así de la "mendicidad organizada explotados por adultos que aprovechan las carencias y las situaciones de pobreza extrema de estos niños.

Otro grupo de estos niños vive permanentemente en la calle, en situación de alta vulnerabilidad, enfrentando el riesgo de ser explotados física, económica y sexualmente, llegando en ciertos casos a la perdida de sus vidas. 

Es por ello que se ha hecho la siguiente propuesta:

Objetivos:

a) Fomentar el respeto hacia las personas que viven en condición de calle.

b) Erradicar la discriminación y la exclusión social de este grupo de personas.

c) Lograr que la sociedad civil tome conciencia del sufrimiento de este grupo  de personas en grado de vulnerabilidad social.

  

Población beneficiaria

Niños(as) y adolescentes  que viven en condición de calle en el Distrito Federal y área conurbada.

 

Estrategias

Una Propuesta metodológica abierta y autónoma con procesos cognitivos, socio-afectivos, valórales y críticos, que propician la construcción de resoluciones a partir de las propias necesidades, realidades y conflictos.  

Formas específicas de trabajo que impulsen experiencias  de aprendizaje, que no las unifiquen, sino que las desarrollen y promuevan entre los destinatarios, personas y grupos participantes.

Para los efectos de esta propuesta se retoman cuatro estrategias metodológicas que sustentan el trabajo educativo desde los distintos procesos de formación, capacitación y promoción.

1.- La socio-afectiva y vivencial: facilita la construcción grupal de un ambiente que privilegia la autoestima y la confianza para apoderar a personas y a colectivos que desarrolla las habilidades necesarias para comunicarse, cooperar y aprender a resolver los conflictos; esta metodología ha sido la columna vertebral de la educación para la paz y los derechos humanos.

2.- La participativa: facilita los procesos de discusión y análisis, reflexión y construcción de conceptos, ideas, valores y principios a partir de trabajo individual y colectivo, se privilegia el conocimiento de quienes participan en el proceso educativo.

3.- La problematizadora o reflexiva, dialógica. Provoca procesos de confrontación y problematización que facilitan y apoyan la toma de decisiones ante situaciones cotidianas en las cuales se polarizan dos o más derechos, favorece el desarrollo del juicio moral. 

4.- La perspectiva de género como herramienta de análisis: permite el análisis de la realidad al revelar desequilibrios de poder por género, ocultos debido a su carácter identitario, pone sobre la mesa el tema de la igualdad y de la diferencia.

Cuatro aspectos que hacen posible el desarrollo: 

Integración, aplicación, practica y contexto 

Evaluación

1.- Congruencia  entre fines y medios.

2.- Concertar la teoría con la práctica para el desarrollo de competencias cognitivas, socio-afectivas y valórales.

3.- Educar sobre, en y para los derechos humanos.

Bibliografía.

Comisión de Derechos Humanos Del Distrito Federal, “Marco conceptual de la estrategia educativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal” 1ra. Edición México D. F., Formato PDF. Pág. 43 a 100. 

http://www.derechos.org/nizkor/arg/onga/ninos.htm

Introducción a los Derechos Humanos en México

Jaime Daniel Rocha Díaz

  Introducción a los Derechos Humanos en México  

En los últimos años se advierte en la sociedad mexicana el surgimiento de una cultura de los Derechos Humanos. Cada vez son más las personas, grupos e instituciones que invocan estos derechos, se organizan para protegerlos y defenderlos y promueven su vigencia.

A veces como reacción ante las violaciones y abusos, otras como búsqueda de un fundamento mas solido de sus demandas, están multiplicándose en México movimientos que, bajo el signo de los Derechos Humanos, influyen de muchas maneras en la transformación de nuestra sociedad.

Socialmente:  Parece indicar que muchos grupos de la sociedad no se resignan a la falta de seguridad pública, la corrupción generalizada, la impunidad y el deterioro de las condiciones de vida que se han hecho patentes en el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad y procuran ampararse en derechos fundamentales que son a la vez normas de conducta comúnmente aceptadas.

Las violaciones a los Derechos Humanos son el resultado de un proceso “educativo” y “formativo” que fue gestado en las cabezas de quienes tienen históricamente la misión de resguardarlos.

¿Cómo puede ser que de pronto el pueblo se convierta en el enemigo del poder y de las fuerzas armadas?

¿Qué fenómeno extraño sucede cuando la confianza depositada en la policía se vuelve temor?

¿Cómo en tan poco tiempo los ciudadanos de un país resultan ser todos sospechosos de delitos contra la sociedad y deben esforzarse por demostrar continuamente su inocencia?

Colegios primarios y secundarios, universidades, colegios militares y en general, todos los estratos se han visto invadidos por esta doctrina.

El primer paso para volver a la civilidad es, sin lugar a dudas, cambiar los sistemas educativos desarrollando programas que, además de no incluir los conceptos propios de esta doctrina, contengan los elementos necesarios para formar al estudiantado y al profesorado en el respeto de los Derechos Humanos.

El respeto a los Derechos Humanos debe ser algo que surja del interior de cada persona y que se convierta en una forma de vida, producto de la interacción y las experiencias compartidas entre profesores y alumnos, padres e hijos, amigos y la sociedad en general.[1]

Raquel Villaseñor Peralta

INTERNET: UN DERECHO HUMANO

La comunicación es una de las principales características de la cultura humana. Desde la comunicación interpersonal, pasando por la grupal y la social, la comunicación ha sido reconocida por diversas teorías como una de las bases de los cambios sociales y tecnológicos. A lo largo de la historia de la humanidad el desarrollo de tecnologías para mejorar la comunicación generó nuevas sociedades, avances en los sistemas de producción e incluso reformas en los sistemas de aprendizaje.

Sin embargo durante las últimas tres décadas, con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), las libertades de información se expanden del campo analógico al digital dando a los usuarios la posibilidad de construir sus propios contenidos y enviar mensajes a un receptor, a un grupo o en forma masificadas. Esto ha fragmentado la función hegemónica que tenían los medios tradicionales.  

Ante los cambios globales que ha generado Internet en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 1(CMSI) celebrada en Ginebra a finales de 2003 y en su segunda fase en Túnez en diciembre de 2005, donde se analizó el papel que juegan las nuevas tecnologías en las sociedad actuales, la posibilidad del progreso social, pero también los riesgos que representa entre comunidades conectadas y comunidades desconectadas de las innovaciones. 

A diferencia de las tecnologías de comunicación analógicas, Internet y sus innovaciones son las herramientas comunicativas de mayor penetración en la historia de la humanidad: en cuatro años Internet alcanzó la cifra de 50 millones de usuarios. Para principios del año 2012 existían en el mundo más de 2 mil 200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales mil 100 millones están unidos todos los días a través de redes sociales como Facebook o Twitter, comparten videos en YouTube y buscan información en Google. A nivel global el 32% de la población tiene acceso a Internet.6 

Según cifras de Internet World Stats, en México con una población de más de 113 millones de personas, para inicios del año 2012 se tiene una comunidad de cibernautas que alcanza los 42 millones de personas, lo cual representa el 36% de la población, en tanto el 64% restante se encuentra en la marginación digital. Datos estimados a partir del estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2011 realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), establecen que de 17 millones de internautas que había en 2005 la cifra se duplicó en 5 años a 34 millones en 2010, de los cuales el 60% son jóvenes: menores de 35 años de edad. 

Sin embargo la accesibilidad representa varios problemas, no sólo relacionados con la edad y la educación, sino también políticos y jurídicos. De acuerdo al “Índice de Prosperidad 2011” que realiza el Instituto Legantum de Londres, México presenta problemas de acceso a Internet de mayor velocidad debido a que no tiene una cobertura adecuada de banda ancha. De un análisis efectuado a 110 países, México ocupa el lugar 50 en conexión de banda ancha y el lugar 61 en facilidades para emprender negocios mediante la red. 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó en enero de 2012 que México también registra rezagos en materia de Investigación y Desarrollo (I D) donde la inversión del Estado apenas representa el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿Por qué es importante que el Estado apueste a una mayor inversión para I D? La respuesta es muy sencilla: la nueva economía global se base en el conocimiento y la innovación, generados en centros científicos en red. 

Dentro del uso de la nueva tecnología se desarrolla parte la actividad cotidiana de los seres humanos, incluso la libertad del usuario dentro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lo que ha sido llamado por los juristas como los nuevos “derechos digitales”. Dicha libertad contiene los mismos diques que la libertad de expresión en el sentido de que sus límites se establecen cuando puedan afectar derechos de terceros. 

Como parte del reconocimiento de Internet como una garantía social que debe ser protegida ante cualquier intento de regulación y control de la libertad en red, el primero de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), declaró el acceso a Internet como un derecho humano. El relator especial Frank La Rue leyó el documento a nombre de los representantes de los países, quienes consideraron que la tecnología de Internet “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”. 

La declaratoria de la ONU es importante en dos sentidos: 

a) Promueve la libertad de la red: el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación. La libertad ha sido fundamental a partir del año 2008 para el cambio político de regímenes autoritarios en todo el mundo. Este punto abarca la llamada “neutralidad” de la red, es decir, que ninguno de sus puntos de interconexión, nodos, equipo, sistemas, programas y operadores puede tomar algún partido a favor o en contra de la difusión, comunicación y recepción de contenidos. 

b) El acceso a la red: “Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”. 

En México la legislación sobre Internet no se ha enfocado a los alcances que plantea tanto la CMSIC o la Declaratoria de la ONU. Los esfuerzos legislativos en el país han estado orientados principalmente a dos aspectos: a) economía y b) Estado. En cuanto a la economía las regulaciones sobre la red abarcan principalmente al mercado electrónico y las transacciones financieras, mientras que lo referente a las políticas públicas se presenta desde reformas a códigos penales en materia de pornografía infantil o robo de identidad, hasta intentos de mejoras en procesos de participación de votantes (un ejemplo es el llamado Voto Chilango).7 

Sin embargo no todas las reformas legales aspiran a garantizar la libertad de la red. Aquí dos ejemplos de iniciativas que atentan contra la red y que fueron presentadas en el presente año: 

En México el tema del acceso irrestricto y universal a Internet no ha sido debatido a fondo para ser considerado un derecho constitucional. Sólo en dos entidades del país se han presentado proyectos legislativos para elevar a rango constitucional el derecho a Internet. 

En México los cambios tecnológicos potenciados por Internet implican modificaciones a las legislaturas existentes y al reconocimiento pleno del acceso a la red como un derecho. Si bien se intenta avanzar en control, regulación y ciberdelitos, poco o casi nada se ha realizado en materia de expandir la libertad del cibernauta para opinar, participar y construir su propio escenario en la era digital. El acceso y el uso de Internet es un derecho humano, no es una necesidad, sino una posibilidad de realización del habitante de la red. 

Fuente.-Etcétera, Octavio Contreras Sergio, Núm. 138

http://www.diariamente.com.mx

Yolanda García Medrano

Los hombres y el aborto en el tema 

de los derechos humanos.

Los hombres y la reproducción

Los programas y políticas públicas en relación a la salud reproductiva han considerado a las mujeres como responsables del ámbito de la reproducción biológica y doméstica, mientras  que a los hombres se les identifica como responsables de la reproducción social, cultural y  pública, sin embargo, más allá del imaginario social que considera que los hombres no se  reproducen, esto se arraiga de manera profunda en la concepciones y prácticas de vida de los propios hombres.

La identidad de los hombres está estrechamente vinculada a la construcción de la  masculinidad como un aprendizaje de códigos, valoraciones y organización de tiempos y  espacios. Ser hombre, en muchas sociedades occidentales significa no ser mujer, no ser  niño y no ser homosexual (Badinter, 1987). Por eso muchos hombres se ven ajenos a  espacios como el reproductivo y del cuidado de la salud  considerados propios de las mujeres; para muchos hombres involucrarse en la reproducción implica pérdidas de control  y privilegios, pero por sobretodo una desvaloración.

Considerar a los hombres como actores de la reproducción, implica indagar en las  relaciones y vínculos que los hombres establecen a partir del ejercicio de su  sexualidad y de una posible paternidad. Parecería obvio considerar que los hombres son  partícipes y actores en el aborto, sin embargo, como otras problemáticas relacionadas con la  reproducción, hasta ahora se ven como competencia y responsabilidad exclusiva de las  mujeres. Seguramente si se asumiera el hecho que los hombres también se reproducen, la  óptica social y de las políticas públicas en relación al aborto, cambiaría radicalmente.

La percepción de los hombres entorno al aborto

Diversas investigaciones dan conocer  que la respuesta no es mayoritariamente de  indiferencia o que no les compete y afecta  emocionalmente. Al contrario, parece ser que  a los hombres la vivencia del aborto los  afecta también profundamente.

En una investigación en México sobre la percepción del aborto en los hombres, de 65 casos  narrados, los sentimientos reportados fueron principalmente: preocupado, angustiado,  nervioso, desesperado (30 hombres), mal, muy mal (15 hombres), desconcertado,  confundido, desubicado (14 hombres), bien, alivianado, tranquilo, descargado, en calma (12 hombres), enojado traicionado, molesto (12  hombres), triste, impotente, deprimido,  frustrado (12 hombres) (Guevara, 2000).

                                          

Por otro lado, en una investigación sobre aborto realizada en Colombia con 390 hombres, el  46 % opinó que es malo, pecado, no lo mejor, pero que era una solución conveniente;  mientras el 43% estuvo de acuerdo y el 11 % rechazó la opción. (Oriéntame, 1999).

Los hombres y la decisión del aborto

En cuanto a la decisión de las mujeres respecto al aborto inducido, mayoritariamente no son  independientes de las consideraciones culturales y de la pareja. 

Sobre las razones para recurrir a un aborto, diversas investigaciones en Latinoamérica  coinciden en que para un 30% a 40% de las mujeres, la decisión del varón es el factor  determinante para no desear continuar un embarazo (Tolbert, Erhenfeld y Lamas). Esto se  corrobora en el estudio realizado por Guevara en México con 56 hombres donde el 38% de  ellos plantean “razones de él” para recurrir a un aborto (él no estaba dispuesto a continuar  el embarazo, ella no era la persona indicada, él no quería casarse).

La opinión de los hombres parece ser un factor importante en la decisión de las mujeres de  realizarse o no un aborto y esta opinión tiene mayor probabilidad de imponerse en las  relaciones tradicionales de dominio masculino/subordinación femenina (Tolbert, Morris y  Romero).

Lo anterior nos plantea que en cuanto a la decisión sobre el aborto, se presenta un dilema en  cuanto al derecho a la autodeterminación del cuerpo de la mujer y el derecho del hombre a  opinar y participar en la decisión de mantener o interrumpir un embarazo donde ha  participado de manera activa. Si bien, no se puede plantear el problema en términos de  derechos paritarios pues las condiciones de hombres y mujeres no son equitativas a nivel social, tampoco se puede plantear en forma  absolutamente excluyentes; la realidad es  más compleja. 

Podría parecer contradictorio considerar la participación y responsabilidad de los  hombres en el aborto y al mismo tiempo enfatizar el derecho diferenciado de las mujeres a  decidir sobre el destino de su propio cuerpo,  lo cual lo convierte en un proceso  complejo. Para profundizar es necesario hacer visible la responsabilidad  de los hombres en la práctica del aborto.

Los hombres en la práctica del aborto

Al hablar de responsabilidad del hombre frente al aborto hace referencia al apoyo que pueden brindar a su pareja: emocional (ante el temor, la pérdida y/o el alivio, la presión social, etc.),  económico (pago del aborto y de los cuidados posteriores),  cuidados de la salud (atención en las primeras horas y de prevención de otro embarazo no deseado),  vida cotidiana (labores domésticas y crianza de hijos). Es decir la responsabilidad no sólo en el evento mismo, sino en todo el proceso y en las dimensiones que dan contexto y forma a la  experiencia de un aborto.

Para muchas mujeres e instituciones, la participación de los hombres en el aborto es una  consideración peligrosa, por las condiciones de inequidad de género que lo posicionan en la  mayoría de las ocasiones como un estorbo, irresponsable e impositivo, que ponen en riesgo  las posibilidades de la mujeres de tomar y ejercer sus propias decisiones, así como el derecho a la autodeterminación de su propio cuerpo; aspectos irrenunciables si queremos aspirar a una sociedad de relaciones de género equitativas.

Fuente:

http://www.consorcio.org.mx/articulos_agenda/28/hombres_y_aborto.pdf

Los derechos sexuales y reproductivos de l@s jóvenes

Jaime Daniel Rocha Díaz

Los derechos sexuales y reproductivos de l@s jóvenes

¿Que entendemos por adolescente?

Los organismos internaciones han acordado las siguientes definiciones:

● Adolescentes: 10 a 19 años de edad (primera adolescencia, 10 a 14 años; segunda adolescencia, 15 a 19 años)

● Jóvenes: 15 a 24 años de edad

● Personas jóvenes: 10 a 24 años de edad

Las personas adolescentes y jóvenes son muy diversas entre sí, por ejemplo, por la situación de género o por la mayor o menor pobreza en la que viven. Por ello, la generalización, si bien es imprescindible para un entendimiento de las situaciones y  necesidades comunes, no debe borrar las situaciones concretas a la hora de definir políticas públicas.

LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JOVEN DE MÉXICO

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (1997), la población entre 15 y 29 años de edad superaba los 26.9 millones de habitantes; 37.2% correspondía al grupo de 15 a 19 años de edad (10 millones), 34.2% a los de 20 a 24 años (9.2 millones) y 28.6% a los jóvenes entre 25 y 29 años (7.7 millones).

EL CAIRO

Las politicas de estado deben de basarse en proporcionar información que ayude a éstos a alcanzar el grado de madurez necesario para adoptar decisiones en forma responsable. En particular, deberían facilitarse a los adolescentes información y servicios que les ayudaran a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad. Ello debería combinarse con la educación de los hombres jóvenes para que respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la procreación.

Párrafo 7.41 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

BEIJING

La violencia sexual y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, tienen un efecto devastador en la salud del niño, [en los términos “niño” y “niña” se incluye a las personas adolescentes] y la niña es más vulnerable que el varón a las consecuencias de las relaciones sexuales sin protección y prematuras. A menudo se ejercen presiones sobre la niña para que se entregue a actividades sexuales. Debido a factores tales como su juventud, las presiones sociales, la falta de leyes que la protejan o el hecho de que éstas no se hagan cumplir, la niña es más vulnerable a todo tipo de violencia, especialmente la sexual, inclusive la violación, el abuso sexual, la explotación sexual, la trata, posiblemente la venta de sus órganos y tejidos, y los trabajos forzados.

Párrafo 269 de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

En México un número

Considerable de PA/J contrae infecciones de transmisión sexual, incluso VIH/sida, por la carencia de información y educación sexual y reproductiva, y por la falta de acceso y disposición de medios de prevención. Son más las PA/J que se  infectan de VIH/sida en relación con las personas adultas.

Entre 1995 y 2000, casi se duplicó la  revalencia de la  infección con VIH entre la población de 15 a 24 años.

La actividad sexual de las adolescentes tiende a iniciarse más tempranamente. El número de las que han tenido relaciones sexuales entre los 15 y los 19 años de edad se incrementó de 20% a 25% entre 1995 y 2000.

Pasó de 1.7 a 3.5 por cada 100 mil personas de esas edades. Consejo Nacional de Población, Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2003, México, CONAPO, 2004, p. 248.

En México, en el 2000, la tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años era de un embarazo por cada 14, lo cual se tradujo  en 366 mil nacimientos de madres adolescentes durante ese año.

Por lo general, esos embarazos  son resultado de las desventajas Sociales de las adolescentes y  del desequilibrio de poder entre los sexos, que les impide negociar con sus parejas masculinas el momento de comenzar sus relaciones sexuales o de adoptar algún método de protección anticonceptiva.

La pobreza agudiza estas condiciones. La proporción de PA/J pobres es similar al promedio nacional (24%);

9 en 1997, más de siete millones de esas personas vivían en hogares en condiciones de pobreza,10 en particular en los sectores rurales.

Las consecuencias y  manifestaciones de la pobreza son múltiples, entre otras:

deserción escolar, baja escolaridad, en consecuencia, menores posibilidades

de inserción en el mercado laboral; limitación del uso de métodos anticonceptivos e incremento del número de embarazos no deseados. En el plano sexual, el abuso y el maltrato a las PA/J, la pornografía y la prostitución de las que son objeto, muestran otro aspecto de su desventaja social.

LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS EN MÉXICO

La Constitución Política reconoce el derecho de toda persona, independientemente de su edad, a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos (Artículo 4°), derecho que reitera el Reglamento de la Ley General de Población (Artículo 13). De acuerdo con este Reglamento, los organismos gubernamentales que integran el CONAPO están obligados a proporcionar información y educación sobre planificación familiar, especialmente a personas adolescentes y jóvenes (Artículo 18).

La Ley General de Salud establece que es “deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental”, y que la planificación familiar debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes (Artículo 67).

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como objetivos: asegurarle a las y los adolescentes “un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad” (Artículo 3).

La Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar establece que la planificación familiar es un derecho de toda persona, independientemente de su género, edad y estado social o legal. También señala que la consejería en materia de planificación familiar debe dar particular atención a la población adolescente, con absoluto respeto al derecho a decidir sobre su conducta sexual y reproductiva y al consentimiento informado en la prescripción de métodos anticonceptivos.

El desarrollo de los derechos sexuales de las personas adolescentes y jóvenes se ha topado en México, como en otras partes del mundo, con la oposición de los grupos conservadores, en particular de la jerarquía de la Iglesia católica. Es falso que el ejercicio de su sexualidad conduzca a las PA/J al desenfreno moral, como opinan esos grupos; y resulta antidemocrático e ingenuo creer que las medidas represivas son eficaces en un mundo comunicado e informado como nunca antes en la historia. Un mundo, además, en que la socialización de las y los adolescentes es cada vez más ajeno a las familias y las iglesias, instituciones a las que los grupos conservadores confían el control de la sexualidad adolescente y juvenil.

ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA DEPENDENCIA

La Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la ONU en 1989) los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los “niños”, lo que comprende el derecho a la privacidad y a la información. Ello implica que padres y madres están obligados a preservar el interés superior de las niñas y los niños y de las y los adolescentes, al punto de evitar “injerencias arbitrarias o ilegales” que lesionen sus intereses o afecten sus decisiones.

En este contexto, la patria potestad adquiere un carácter instrumental y queda delimitada por el reconocimiento del interés superior de las y los adolescentes. Incluso, los padres han de privilegiar el derecho de sus hijas e hijos a disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos por sobre sus convicciones religiosas e ideológicas, y por sobre su derecho a transmitírselas.

Desde otra perspectiva, las lesiones a los derechos sexuales y reproductivos de los “niños” pueden calificarse de discriminación en su contra. Los adolescentes la sufren, por ejemplo, cuando no pueden obtener servicios de salud reproductiva, o no pueden obtenerlos con suficiente confidencialidad, a menos que sus padres los autoricen. Un signo de madurez de las y los adolescentes es, por el contrario, su comprensión de la necesidad de proteger su salud reproductiva y su demanda de servicios anticonceptivos cuando tienen actividad sexual o están a punto de tenerla.

www.andar.org.mx