Raquel Villaseñor Peralta
INTERNET: UN DERECHO HUMANO
La comunicación es una de las principales
características de la cultura humana. Desde la comunicación interpersonal,
pasando por la grupal y la social, la comunicación ha sido reconocida por
diversas teorías como una de las bases de los cambios sociales y tecnológicos.
A lo largo de la historia de la humanidad el desarrollo de tecnologías para
mejorar la comunicación generó nuevas sociedades, avances en los sistemas de
producción e incluso reformas en los sistemas de aprendizaje.
Sin embargo durante las últimas tres décadas, con el surgimiento de las
Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), las libertades de
información se expanden del campo analógico al digital dando a los usuarios la posibilidad
de construir sus propios contenidos y enviar mensajes a un receptor, a un grupo
o en forma masificadas. Esto ha fragmentado la función hegemónica que tenían
los medios tradicionales.
Ante los cambios globales que ha generado Internet en los últimos años, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información 1(CMSI) celebrada en Ginebra a finales de 2003 y en
su segunda fase en Túnez en diciembre de 2005, donde se analizó el papel que
juegan las nuevas tecnologías en las sociedad actuales, la posibilidad del
progreso social, pero también los riesgos que representa entre comunidades
conectadas y comunidades desconectadas de las innovaciones.
A diferencia de las tecnologías de comunicación analógicas, Internet y sus
innovaciones son las herramientas comunicativas de mayor penetración en la
historia de la humanidad: en cuatro años Internet alcanzó la cifra de 50
millones de usuarios. Para principios del año 2012 existían en el mundo más de
2 mil 200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales mil 100
millones están unidos todos los días a través de redes sociales como Facebook o
Twitter, comparten videos en YouTube y buscan información en Google. A nivel
global el 32% de la población tiene acceso a Internet.6
Según cifras de Internet World Stats, en México con una población de más de 113
millones de personas, para inicios del año 2012 se tiene una comunidad de
cibernautas que alcanza los 42 millones de personas, lo cual representa el 36%
de la población, en tanto el 64% restante se encuentra en la marginación
digital. Datos estimados a partir del estudio Hábitos de los Usuarios de
Internet en México 2011 realizado por la Asociación Mexicana de Internet
(AMIPCI), establecen que de 17 millones de internautas que había en 2005 la
cifra se duplicó en 5 años a 34 millones en 2010, de los cuales el 60% son
jóvenes: menores de 35 años de edad.
Sin embargo la accesibilidad representa varios problemas, no sólo relacionados
con la edad y la educación, sino también políticos y jurídicos. De acuerdo al
“Índice de Prosperidad 2011” que realiza el Instituto Legantum de Londres,
México presenta problemas de acceso a Internet de mayor velocidad debido a que
no tiene una cobertura adecuada de banda ancha. De un análisis efectuado a 110
países, México ocupa el lugar 50 en conexión de banda ancha y el lugar 61 en
facilidades para emprender negocios mediante la red.
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) informó en enero de 2012 que México también registra rezagos en materia
de Investigación y Desarrollo (I D) donde la inversión del Estado apenas
representa el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿Por qué es importante que
el Estado apueste a una mayor inversión para I D? La respuesta es muy sencilla:
la nueva economía global se base en el conocimiento y la innovación, generados
en centros científicos en red.
Dentro del uso de la nueva tecnología se desarrolla parte la actividad
cotidiana de los seres humanos, incluso la libertad del usuario dentro
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lo que ha sido llamado por
los juristas como los nuevos “derechos digitales”. Dicha libertad contiene los
mismos diques que la libertad de expresión en el sentido de que sus límites se
establecen cuando puedan afectar derechos de terceros.
Como parte del reconocimiento de Internet como una garantía social que debe ser
protegida ante cualquier intento de regulación y control de la libertad en red,
el primero de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),
declaró el acceso a Internet como un derecho humano. El relator especial Frank
La Rue leyó el documento a nombre de los representantes de los países, quienes
consideraron que la tecnología de Internet “no sólo permite a los individuos
ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos
humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”.
La declaratoria de la ONU es importante en dos sentidos:
a) Promueve la libertad de la red: el tratamiento de los datos y el tráfico de
Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de
factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material,
servicio o aplicación. La libertad ha sido fundamental a partir del año 2008
para el cambio político de regímenes autoritarios en todo el mundo. Este punto
abarca la llamada “neutralidad” de la red, es decir, que ninguno de sus puntos
de interconexión, nodos, equipo, sistemas, programas y operadores puede tomar
algún partido a favor o en contra de la difusión, comunicación y recepción de
contenidos.
b) El acceso a la red: “Los Estados tienen la obligación de promover el acceso
universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la
libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar
el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la
salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones
libres”.
En México la legislación sobre Internet no se ha enfocado a los alcances que
plantea tanto la CMSIC o la Declaratoria de la ONU. Los esfuerzos legislativos
en el país han estado orientados principalmente a dos aspectos: a) economía y
b) Estado. En cuanto a la economía las regulaciones sobre la red abarcan
principalmente al mercado electrónico y las transacciones financieras, mientras
que lo referente a las políticas públicas se presenta desde reformas a códigos
penales en materia de pornografía infantil o robo de identidad, hasta intentos
de mejoras en procesos de participación de votantes (un ejemplo es el llamado
Voto Chilango).7
Sin embargo no todas las reformas legales aspiran a garantizar la libertad de
la red. Aquí dos ejemplos de iniciativas que atentan contra la red y que fueron
presentadas en el presente año:
En México el tema del acceso irrestricto y universal a Internet no ha sido
debatido a fondo para ser considerado un derecho constitucional. Sólo en dos
entidades del país se han presentado proyectos legislativos para elevar a rango
constitucional el derecho a Internet.
En México los cambios tecnológicos potenciados por Internet implican
modificaciones a las legislaturas existentes y al reconocimiento pleno del
acceso a la red como un derecho. Si bien se intenta avanzar en control,
regulación y ciberdelitos, poco o casi nada se ha realizado en materia de
expandir la libertad del cibernauta para opinar, participar y construir su
propio escenario en la era digital. El acceso y el uso de Internet es un
derecho humano, no es una necesidad, sino una posibilidad de realización del
habitante de la red.
Fuente.-Etcétera, Octavio Contreras Sergio, Núm. 138
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